De América Latina a Asia, muchos países del mundo adscritos a las Naciones Unidas usan las leyes para criminalizar y encarcelar a la comunidad trans
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) —compuesta por más de mil 600 organizaciones— dio a conocer su tercer Informe de Mapeo Legal Trans con datos alarmantes para esta comunidad.
La investigación analiza el impacto de leyes y políticas públicas sobre personas trans en 143 Estados miembros de las Naciones Unidas, y expone las carencias en el reconocimiento legal de género.
En estos países existen leyes que se pueden utilizar para criminalizar y encarcelar a este colectivo —aunque algunas no estén hechas específicamente en su contra. Esto pone en riesgo a estos individuos, porque las leyes pueden aplicarlas autoridades con prejuicios y fobias.
De los países analizados en el estudio, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans. Estos son Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos.
El informe explica que estas naciones «prohíben explícitamente que una persona masculina se haga pasar por mujer o viceversa. El reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible. Esto pone a las personas trans, o a aquellas que se perciben como tal, en riesgo de ser arrestadas o procesadas”.
La población trans en América Latina
Actualmente, ningún país de América Latina prohibe o condena la identidad de género. Sin embargo, igualmente se criminaliza a la comunidad trans, según el informe.
Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación, advierte que los delitos relacionados con el trabajo sexual o las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo se usan para perseguir de manera sistemática a estos individuos. También las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres o el merodeo.
Estas leyes, que podrían parecen neutrales y menores, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”, señala Chiam. Esto se debe a que son utilizadas para perseguir y encarcelar.
Además, las leyes vinculadas a la tenencia de drogas también se usan para criminalizar al colectivo. En Colombia, el 40% de las personas LGBTI+ y el 30% de las personas trans que son encarceladas, llegan a esa situación por delitos de estupefacientes. El porcentaje es aún mayor en Argentina. Allí, el 56% de las personas trans presas está acusada de delitos relacionados con tenencia de drogas.
En varios países de la región todavía no existe un marco que regule la posibilidad de cambio de género. En Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía no es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad.
Una justicia transfóbica
En las últimas semanas vimos cómo la justicia tomó decisiones que atentaban contra la comunidad trans en el continente. Contamos historias así que ocurrieron en Honduras o en Argentina.
“Me sentí discriminada porque muchos de los que tomaron la denuncia no me tomaron en cuenta. Sentí que yo no era una persona, que no había derechos humanos para mí”
Grey Anahí Ríos, una mujer trans de 34 años, fue atacada a machetazos en un bar de San José de Comayagua, Honduras. Y después de sufrir esta agresión transfóbica, fue discriminada por autoridades judiciales.
Hizo una la denuncia en el juzgado de paz de la misma localidad. Nadie le hizo caso. En las declaraciones que dio a Agencia Presentes, dijo: “Me sentí discriminada porque muchos de los que tomaron la denuncia no me tomaron en cuenta. Sentí que yo no era una persona, que no había derechos humanos para mí”.
En paralelo, desde Argentina, Luz Aimé Díaz, una mujer trans de 24 años, fue acusada de intento de homicidio agravado en 2018, pero nunca hubo pruebas. Estuvo ocho meses presa en el penal de Ezeiza y desde entonces permanece en arresto domiciliario. Distintas agrupaciones defensoras de los derechos LGBT+ están pidiendo su absolución.
El caso de Luz tiene otras aristas que la denigran por su identidad trans. Luciana Sánchez, abogada a cargo de su defensa, logró que se apartaran a dos jueces de la causa por discriminación sexista. Fueron acusados por ese delito y reemplazados por dos magistrados con perspectiva de género.
Luz Aimé Díaz, joven trans, estudiante del Bachillerato Travesti/Trans Mocha Celis, está atravesando un proceso judicial injusto, lleno de estereotipos de género. Actualmente, cumple prisión domiciliaria en el Hotel Gondolin, mientras espera para su juicio en el mes de febrero 2020. Desde la campaña y junto con las compañeras del hotel Gondolin, compartimos este vídeo informativo pidiendo la absolución de Luz. Agradecemos a les compañeres que colaboraron en la elaboración de esta pieza audiovisual, a Luz y a sus compañeras del @hotelgondolin. Dirección: Nora Lezano Fan Page Cámara y edición: Gonzalo SánchezMastering: andresmayoestudio >> pueden sumarse a la campaña enviando sus adhesiones al mail : absoluciónparaluz@gmail.com >>IG: https://www.instagram.com/absolucionparaluz/Facebook: Campaña por la absolución de Luz AiméGmail: absolucionparaluz@gmail.com
Posted by Campaña por la absolución de Luz Aimé on Tuesday, January 21, 2020
Imagen de portada: Reuters
