Amnistía Internacional documentó cómo las fuerzas de seguridad en El Salvador, Venezuela y Paraguay convirtieron políticas de salud en prácticas punitivas
Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia casos de violencia institucional durante las cuarentenas y señala que gobiernos en América Latina usaron las confinamientos como forma de detención arbitraria y represión.
Erika Guevara Rosas, directora de la organización, dijo una política de salud se convierte en una práctica punitiva, cuando confinan a miles de personas «bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo».
El informe analiza lo que pasó en Venezuela, El Salvador y Paraguay. Estos países confinaron personas sin comida, agua y atención médica adecuados. Además, extendieron sus periodos de cuarentena o aislamiento sin comunicar con claridad las razones científicas.
Amnistía Internacional pidió a las autoridades que dejen de recurrir a estos enfoques punitivos y que pongan a las personas en cuarentena y aislamiento únicamente el tiempo necesario, basándose en los criterios científicos necesarios.
Nuevo informe "Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante #COVIDー19 en las Américas"
En Venezuela, El Salvador y Paraguay las autoridades han sometido a migrantes, refugiadas y retornados a cuarentenas inhumanas https://t.co/T7LsvaTahB
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) September 21, 2020
¿Qué datos aportó Amnistía Internacional?
La organización señaló que en Venezuela había 90 mil personas que fueron colocados en cuarentena después de regresar, sin empleo y sin casa, en países vecinos como Colombia y Perú. Las personas se quedaron en “centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos”.
Con respecto a la situación de El Salvador, el gobierno tuvo a más de 16 mil personas sometidas a cuarentena. Algunas fueron acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de Covid-19.
Amnistía Internacional indicó que en Paraguay las autoridades aislaron a 8 mil personas. En su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal de Brasil culpa de la pandemia.
La institución descubrió en muchos casos no había motivos médicos para aislar gente. Además, los aislamientos duraron más de 14 días, es decir, más tiempo que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El rol de la policía y las fuerzas armadas
Amnistía Internacional señala que para muchas personas sometidas a cuarentena, el hecho de que la policía y las fuerzas armadas fueran las encargadas de hacer cumplir las medidas hizo que percibieran que estas cuarentenas constituían un castigo y una criminalización.
El uso desmedido de las fuerzas de seguridad puede convertir una cuarentena en una detención arbitraria. La organización distinguió que en los tres países analizados —El Salvador, Venezuela y Paraguay— hubo detenciones de este tipo, disfrazadas de aislamientos sanitarios.
El informe también explica que el uso abusivo de la policía y las fuerzas militares generaron decenas de miles de personas privadas de libertad. También que queden sin acceso a la información y en condiciones inhumanas y sin salvaguardias adecuadas frente a los malos tratos.
