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“Desahogo sexual”: el dictamen de un fiscal muestra el lado más patriarcal de la justicia argentina

Emilia Erbetta
12 junio, 2020 10:53 pm

Dos palabras en un dictamen judicial causaron una ola de repudio en Argentina, cuando se conoció que en un pedido de juicio abreviado, un fiscal en la provincia de Chubut definió como “accionar doloso de desahogo sexual” la violación grupal de una adolescente de 16 años, ocurrida en 2012 en una pequeña ciudad de esa provincia patagónica.

La noticia se conoció la semana del 3 de junio, la misma en la que desde hace 5 años el movimiento feminista argentino se moviliza contra los femicidios y la violencia machista bajo el lema “Ni Una Menos”, una consigna que nació en Argentina y muy prontó se extendió a todo el continente.

El escándalo fue instantáneo y creció a la velocidad con la que estas cosas suceden en las redes sociales: en cinco días, 795 mil personas firmaron una petición en Change.org para que el fiscal Fernando Rivalora fuera alejado de la causa y sometido a juicio político.

Su nombre fue trending topic en Twitter, donde lo llamaron lacra, violador, encubridor: toda la furia volcada sobre un solo nombre y apellido, como si el problema empezara y terminara en un solo funcionario. Pero, ahora que bajó la espuma, es tiempo de preguntarnos si la postura del fiscal es una excepción o responde a una mirada todavía bastante instalada y cristalizada en el sistema judicial sobre los delitos sexuales.

No es una excepción, es la regla”, dice Agustina Galíndez, abogada penalista, miembro del colectivo de abogadas feministas Desarmando (en IG @des.ar.mando). “La propia doctrina que aborda los delitos sexuales y que está escrita por varones tiene esta mirada relacionada con el desahogo y no con el ejercicio del poder”, explica. “Y la idea de que los abusos sexuales responden a la necesidad de aliviar una urgencia sexual tiene que ver con la construcción de un estereotipo de varón que tiene necesidades orgánicas que no puede contener”.

Entender que las palabras de Rivarola son más comunes de lo que esperamos en un sistema que cambia mucho más lento que la sociedad no es una disculpa: las palabras importan y que hoy un funcionario judicial designe a una violación como un hecho de “desahogo” ya no es aceptable. Las palabras importan y el léxico patriarcal no es inofensivo, mucho menos en la justicia, porque distribuye responsabilidades, justifica acciones y establece causalidades que afectan las vidas de las personas todos los días.

La abogada feminista Sabrina Cartabia lo explica bien en un artículo que escribió para el medio feminista Latfem. “El uso de esas palabras nos pone en alerta porque al pensar la violencia sexual desde esta óptica se hace un recorte estereotipado”, dice. “Se engloba a los varones como personas con deseos sexuales imposibles de controlar y se invisibiliza la matriz de poder que permite, avala y deja impune estos hechos. No es “desahogo sexual” porque eso no es sexo, es violencia que utiliza al sexo como un vehículo para manifestarse, nada tiene que ver con la satisfacción de una necesidad”.

Un problema estructural

El escándalo alrededor del dictamen del fiscal Rivarola no se agotó en las redes sociales. Esa misma semana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elisabeth Gómez Alcorta, visitó Chubut y en una conferencia de prensa definió a la resolución del fiscal como un ejemplo más de la falta de perspectiva de género en los Poderes Judiciales de Argentina.

“Cuando vemos que todos los días tenemos femicidios y travesticidios en nuestro país, si pensamos que el problema y la responsabilidad son individuales cometemos el mismo error de creer que lo ocurrido en ese caso específico es un problema individual, de un operador o una operadora judicial. No es así. Son problemas estructurales”, dijo.

De víctimas a sobrevivientes

En esta nota no vamos a hablar del caso, porque durante la investigación de la Fiscalía la denunciante estuvo de acuerdo con el juicio abreviado: lo prefirió para evitar un juicio oral, un proceso que se le presenta como doloroso y re-victimizador. Volver una y otra vez sobre su historia desde los medios es colaborar con ese dolor.

Solo vamos a decir que el acuerdo propuesto por el fiscal consistía en que tres de los imputados aceptaban la culpa en cargos de “abuso sexual simple” y recibieran una pena excarcelable de tres años de prisión. Pero el juez de la causa acaba de rechazar el acuerdo y decidió llevarla a juicio oral, en el que los acusados enfrentan penas de entre 8 y 20 años de cárcel. Desde la fiscalía ya anunciaron que apelarán la decisión del juez, porque no respeta “la voluntad expresa de la víctima”.

En este punto, Agustina Galíndez marca algo muy interesante. Es importante, dice ella, ver cómo el derecho penal piensa a las mujeres. “En general aparecen como víctimas: de abuso, de femicidio. La mujer víctima, para el derecho penal, es el objeto sobre el que recayó la desgracia. Todas esas dimensiones que se pueden analizar respecto de las víctimas, especialmente entenderlas como sobrevivientes, es algo que el discurso penal todavía logró».

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