La reforma aprobada por el gobierno de España asegura que la ausencia de un “no” nunca más equivaldrá a un “si”
¿Qué diferencia hay entre un abuso y una agresión sexual? El controvertido caso de “la manada” de Pamplona colocó este debate encima de la mesa después de que la Audiencia Provincial de Navarra condenara al grupo de violadores de abuso, una sentencia que el Tribunal Supremo revocó para concluir que, en realidad, siempre había sido una agresión.
Hasta ahora, para que un delito sexual se considerara agresión se requería de violencia e intimidación. De no ser así, únicamente se consideraría un abuso. Una diferencia que, a efectos prácticos, se traducía en una diferencia abismal entre ambas penas: de 1 a 12 años de cárcel en el caso de la agresión y de 1 a 3 para el abuso.
La polémica capitaneada bajo el lema popular “solo sí es sí” ha inspirado una reforma del Código Penal con la que el gobierno de España pondrá fin a esta distinción. Según el anteproyecto recién aprobado de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, solo podrá hablarse de consentimiento si la víctima «no ha manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos su voluntad expresa de participar en el acto».
El objetivo de este nuevo texto es adaptarse al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base únicamente al consentimiento y no a otros elementos. Esto quiere decir que la ausencia de un “no” nunca más podrá equivaler a un “si”. Un cambio de paradigma que evita posibles interpretaciones basadas en conjeturas sobre la resistencia o ausencia de ella por parte de la víctima.
El anteproyecto también señala que se considerará agresión sexual cualquier acto de contenido sexual que se realice «empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa».
